En todo el mundo, a muchas mujeres no se les proporcionan métodos anticonceptivos por inquietudes relacionadas con la salud que, en realidad, no tienen bases científicas.
Estas barreras médicas innecesarias pueden limitar la elección de métodos para las mujeres, lo cual disminuye las probabilidades de que a las clientas les guste el método que han elegido y sigan usándolo correcta y sistemáticamente. Además, tales barreras pueden ser peligrosas si hacen que una mujer no pueda usar un método de planificación familiar sumamente eficaz y que luego tenga un embarazo no planificado. En la mayoría de las circunstancias, el riesgo que corre una mujer de morir a causa del embarazo es muchas veces superior al de morir a causa de un método anticonceptivo. Y algunas mujeres que tienen un embarazo no planificado optan por el aborto, el cual con demasiada frecuencia se realiza ilegalmente y en condiciones de riesgo.
Las barreras médicas innecesarias surgen por diversas razones. Las directrices de prestación de servicios que configuran las prácticas de los proveedores pueden ser obsoletas y no reflejar exactamente los conocimientos científicos más recientes, o incluso es posible que no estén disponibles en algunos entornos. Además, posiblemente algunos proveedores interpreten mal o no conozcan las directrices de prestación de servicios, e impongan sus propias barreras para el uso de anticonceptivos. Es posible que no proporcionen métodos anticonceptivos al determinar contraindicaciones inapropiadas. Es posible que limiten inapropiadamente el uso de un método por razones de edad o paridad. Así mismo, es posible que a una mujer no se le proporcione un método si ésta no se ha sometido a un examen físico o a pruebas de laboratorio (véase El uso seguro de la anticoncepción rara vez requiere exámenes) o si no está menstruando (véase La anticoncepción debe ponerse a la disposición de las mujeres que no estén menstruando), aunque tales prácticas puedan ser innecesarias desde el punto de vista médico.
Esto no quiere decir que los proveedores que no proporcionan métodos anticonceptivos a las mujeres por razones médicas injustificadas lo hagan con mala intención. Por ejemplo, en un estudio realizado por FHI en Ghana, el doctor John Stanback, asociado principal de investigación de FHI que se especializa en cuestiones de prestación de servicios, opina que muchos de los proveedores de planificación familiar que aplicaban restricciones médicas innecesarias respecto a métodos particulares "parecen haber impuesto tales restricciones con la mejor intención. La mayoría de los proveedores parecían creer que al hacerlo estaban protegiendo al cliente y a la sociedad. Los proveedores creían que estaban protegiendo a sus clientes al negarle el acceso a métodos que creían que causaban infertilidad y otros problemas de salud. Sin embargo, aunque esta meta de proteger a los clientes es admirable, exagerar los peligros del uso de anticonceptivos puede causar más mal que bien".
Por lo tanto, ¿cómo se pueden reducir las barreras médicas innecesarias que se oponen al uso de la anticoncepción?
Primero, cuando se redacten las directrices de prestación de servicios, se debe prestar más atención a los criterios de elegibilidad médica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el uso de anticonceptivos, que son normas aceptadas a nivel internacional basadas en las pruebas científicas más recientes (véanse el Cuadro de referencia rápida de los criterios). La doctora Barbara Janowitz, economista principal de FHI y directora de la división de investigación de servicios de salud de FHI declara: "Muchas directrices de prestación de servicios generalmente siguen, pero no ponen de relieve concretamente, aspectos de los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, es posible que no establezcan que ciertos exámenes y pruebas deben ser la excepción en vez de la regla para el uso de anticonceptivos. También es posible que no hagan hincapié en que los proveedores no se basen en criterios de edad y paridad para recetar ciertos métodos".
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y sus organismos colaboradores están abordando tales problemas como parte de una iniciativa para maximizar el acceso a los servicios de anticoncepción y la calidad de éstos. Y recientemente se ha lanzado una iniciativa de varios socios para animar a los países a adoptar directrices bien concebidas que apoyen prácticas óptimas justificadas científicamente en la atención de salud reproductiva (véase Nuevo consorcio facilita uso de 'prácticas óptimas').
Segundo, una vez redactadas, dichas directrices se deben difundir ampliamente, dado que posiblemente no se conozcan en algunos entornos.
Tercero, las directrices se diseñan para que los programas las adapten de modo que reflejen las necesidades, los problemas y los recursos locales. Pero se debe prestar atención en la identificación de elementos de reglamentos nacionales, políticas de programas y protocolos de servicios que incluyen restricciones "médicas" motivadas por cuestiones sociales y no por cuestiones realmente médicas. Así mismo, se debe animar a cada proveedor a que siga los criterios de la OMS que se han incorporado a reglamentos, políticas y protocolos, en lugar de imponer sus propias barreras médicas innecesarias respecto al uso de anticonceptivos.
Cuarto, la capacitación completa en el uso de directrices, y la supervisión para reforzar la capacitación y los mensajes de las directrices, puede aumentar el uso de éstas.1
Barreras impuestas por los proveedores
Un análisis realizado en 1998 de estudios recientes acerca de restricciones impuestas por el personal relativas a anticonceptivos en Botswana, Burkina Faso, Kenia, Senegal y el archipiélago Zanzíbar de Tanzanía reveló que, en promedio, los proveedores imponían el doble de los criterios de elegibilidad que exigían o recomendaban las directrices nacionales.2 En Tanzanía, las directrices nacionales establecen que toda persona en edad reproductiva tiene derecho a recibir información, educación y servicios de planificación familiar. Sin embargo, otro estudio llevado a cabo en ese país en el año 2000 observó barreras médicas importantes en puntos gubernamentales de prestación de servicios de planificación familiar, donde el 74 por ciento de las mujeres que usan la planificación familiar moderna obtienen sus métodos anticonceptivos.3
Muchos proveedores que aplicaban restricciones médicas innecesarias parecen haber impuesto estas restricciones con la mejor intención.
Entrevistas realizadas en 1994 con 367 médicos del sector privado de Jamaica que ofrecían servicios de planificación familiar, revelaron la forma en que factores socioculturales e inquietudes de salud particulares influyen en las prácticas de los proveedores. Los investigadores observaron que la alta incidencia de hipertensión y diabetes en Jamaica puede conducir a restricciones excesivamente conservadoras respecto a los métodos hormonales para algunas clientas. Además, las prácticas de los médicos del sector privado de Jamaica, quienes proporcionan el 36 por ciento de los servicios de planificación familiar en dicho país, tal vez se veían influidas por el hecho de que las jamaiquinas valoran mucho su fertilidad y consideran la menstruación (que puede verse afectada por ciertos métodos anticonceptivos) como un indicador de su estado general de salud.4
Los proveedores necesitan capacitación y apoyo para que puedan seguir las recomendaciones de las directrices, y las actitudes de los proveedores deben considerarse cuidadosamente para que la capacitación sea eficaz.5 Con ese fin, la USAID y otras organizaciones, incluida FHI, están impartiendo programas de capacitación de actualización relativa a anticonceptivos, en los que se hace hincapié en las pruebas científicas que refutan tales prácticas.
Para ilustrar la necesidad de apoyar a los proveedores, un estudio relativo a las barreras que se oponen a la prestación de servicios en Malawi (basado en una encuesta de proveedores, inventarios de clínicas e informes dados por mujeres que se hicieron pasar por clientas para el estudio) demostró que los proveedores todavía pueden estar inseguros acerca de las metas de su trabajo, incluso cuando se dispone de nuevas directrices que reflejan mejor los criterios de elegibilidad de la OMS.6 La doctora Paula Tavrow, quien dirigió la investigación y ahora es directora adjunta de investigación del Proyecto de Garantía de la Calidad, administrado por el Centro para Servicios Humanos, Bethesda, MD, Estados Unidos, opina: "En calidad de profesionales de la salud, la doctrina general de los proveedores es 'primero, no hacer daño'. Para los proveedores que temen que el uso muy difundido de anticonceptivos — especialmente por parte de mujeres solteras– podría hacer aumentar la promiscuidad y la infección por el VIH/SIDA, las nuevas directrices parecen estar en desacuerdo con su doctrina básica. Al difundir simplemente nuevas directrices sin abordar estas inquietudes profundamente arraigadas, los ministerios de salud en general no le han puesto 'garra' a las directrices".
Un estudio efectuado por FHI del uso reducido del dispositivo intrauterino (DIU) en El Salvador reveló que algunos proveedores creían en mitos asociados con el DIU, como por ejemplo que éste causa cáncer. Así mismo, algunos proveedores no habían recibido la capacitación o no tenían los conocimientos prácticos necesarios para proporcionar el método, lo cual probablemente los desanimaba a insertar DIU y podía hacer que impusieran restricciones innecesarias en el uso del método.7 En cambio, los proveedores de Tanzanía que participaron entre 1992 y 1996 en un curso de capacitación en planificación familiar y salud reproductiva, diseñado para aumentar el cumplimiento de las directrices de política nacionales, tenían más probabilidades de insertar DIU que los proveedores que no habían recibido dicha capacitación (85 por ciento frente a 55 por ciento).8
Inquietudes, por método
Cuando los criterios de elegibilidad de la OMS se revisaron en 2000, los cambios más importantes ocurrieron en el campo de enfermedades cardiovasculares y el uso de anticonceptivos hormonales. Las restricciones aumentaron en este campo, al reconocerse que la anticoncepción hormonal hace aumentar el riesgo de un evento cardiovascular adverso en las mujeres con enfermedades cardiovasculares existentes. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres sanas pueden usar la anticoncepción hormonal sin peligro. (La restricción del uso de anticonceptivos orales combinados [AOC] por las mujeres de 35 años o mayores que fuman 15 cigarrillos diarios o más es una excepción.)
No obstante, se han demostrado en todo el mundo inquietudes innecesarias y persistentes de los proveedores acerca de los efectos de la anticoncepción hormonal en la salud.
Los anticonceptivos inyectables, en particular, tienden a suscitar inquietudes no relacionadas con contraindicaciones médicas determinadas por los criterios de elegibilidad de la OMS. En entornos no clínicos (es decir, entornos en los que posiblemente los proveedores no tengan experiencia o capacitación amplia), los criterios limitan el uso del inyectable más común del mundo –acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA)– en las mujeres que tienen:
presión arterial alta sistólica ñ160 mm Hg o diastólica ñ100 mm Hg, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar actuales, presión arterial alta o diabetes con enfermedades vasculares, isquemia cardíaca o apoplejía actuales o pasadas, o factores de riesgo múltiples de enfermedades cardiovasculares arteriales (por ejemplo edad avanzada, tabaquismo, diabetes y presión arterial alta);
cáncer mamario actual o pasado, sangrado vaginal inexplicado; o
hepatitis viral activa, cirrosis grave o tumores del hígado.
(Una lista de verificación elaborada por FHI para ayudar a los proveedores no clínicos a determinar la elegibilidad de las mujeres para el uso del DMPA, basada en los criterios de elegibilidad de la OMS, aparece en forma parcial a la izquierda y se presenta con instrucciones en inglés, español y francés.
En entornos clínicos (es decir, donde los proveedores tienden a estar bien capacitados y a tener experiencia), el uso de este inyectable sólo de progestina solamente está restringido respecto a las mujeres que sufren de cáncer mamario actual.
No existe ninguna razón médica para restringir el uso del DMPA basada en la paridad (el número de hijos que tiene una mujer), puesto que el DMPA no causa infertilidad. Simplemente se debe informar a las jóvenes y a las mujeres que no tienen hijos que, en promedio, a la mujer le toma cuatro meses más para quedar embarazada después de dejar de usar el DMPA que después de dejar de usar los AOC, el DIU o los métodos de barrera.9
Sin embargo, muchos proveedores imponen requisitos de paridad (que las mujeres tengan un número mínimo de hijos) porque temen que el uso del DMPA cause infertilidad. Entre un cuarto y un tercio de los proveedores que participaron en estudios realizados en Tanzanía y Senegal imponían requisitos de paridad para el uso del DMPA. En Tanzanía, el número promedio de hijos requerido para que una mujer pudiera usar el método era de 2,5; en Senegal, 3,4.10 In Nigeria, la mitad de los 245 proveedores que notificaron en un estudio del Population Council que restringían el uso de inyectables lo hacían por razones de paridad.11
Las inquietudes injustificadas de que el DMPA retrasa la fertilidad o causa infertilidad también conducen a requisitos de edad innecesarios. En un estudio efectuado por FHI en Ghana en el que se entrevistó a 97 proveedores que se consideraba que tenían probabilidades de imponer barreras restrictivas a los servicios, más de la mitad dijo que aplicaban requisitos de edad mínima y máxima respecto a varios métodos, y que el uso de los inyectables estaba restringido más estrictamente. Algunos proveedores también creían erróneamente que las mujeres más jóvenes corrían un riesgo mayor de sufrir complicaciones a causa de los métodos hormonales que las mujeres de más edad. Tres proveedores establecieron la edad de 35 años como la edad mínima para el uso de inyectables, y explicaron que "a los 35 años, las clientas ya tienen hijos y se están acercando a la menopausia; por consiguiente, si quedan infértiles a causa de los inyectables, esto no les preocupará".12
AOC
Las restricciones médicas relativas a los AOC y a los anticonceptivos inyectables combinados (AIC) generalmente son las mismas.13 En entornos no clínicos, las mujeres de 35 años o mayores que fuman 15 cigarrillos o más diariamente no deben usar ninguno de estos métodos. Tampoco los deben usar:
las mujeres con presión arterial alta sistólica ñ140 mm Hg o diastólica ñ90 mm Hg, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar pasadas o actuales, cirugía mayor con inmovilización prolongada, factores de riesgo múltiples de enfermedades cardiovasculares arteriales (como edad avanzada, tabaquismo, diabetes y presión arterial alta), presión arterial alta o diabetes con enfermedades vasculares, isquemia cardiaca o apoplejía actuales o pasadas, o enfermedades complicadas de las válvulas cardíacas;
las mujeres que tienen cáncer mamario actual o pasado, hepatitis viral activa, cirrosis grave o tumores del hígado;
las mujeres de 35 años de edad o más que padecen migrañas, o de cualquier edad que padecen migrañas con síntomas neurológicos focales; o
las mujeres que están tomando ciertos antibióticos o anticonvulsantes que influyen en las enzimas hepáticas.
(Una lista de verificación elaborada por FHI para ayudar a los proveedores no clínicos a determinar la elegibilidad de las mujeres para el uso de AOC, basada en los criterios de elegibilidad de la OMS, aparece [parcialmente] a la izquierda y se presenta con instrucciones en inglés, español y francés.)
Las mujeres que tienen dichas condiciones médicas son objeto de las mismas restricciones médicas incluso en entornos clínicos.
Sin embargo, las mujeres sanas que no fuman pueden usar sin peligro los AIC o los AOC de dosis baja. Siempre y cuando no sufran de enfermedades cardiovasculares, incluso las mujeres de más edad pueden usar estos métodos sin peligro hasta que lleguen a la menopausia.
No obstante, a menudo los proveedores expresan preocupación de que los AOC o los AIC mismos puedan hacer que las mujeres de más edad corran el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
En Tanzanía, un análisis de la Encuesta de Disponibilidad de Servicios de 1996 reveló que 80 por ciento de unos 850 proveedores de servicios de planificación familiar imponían requisitos de edad mínima o máxima para el uso de AOC. El análisis también indicó que la edad temprana o avanzada, la paridad, el estado civil y el estado menstrual influyen de manera acumulativa en las barreras que una mujer de Tanzanía afrontará para recibir anticonceptivos orales. Los proveedores de más de la mitad de los establecimientos gubernamentales restringirían el uso de AOC en el caso de una adolescente soltera de 15 años de edad que no tiene hijos, o de una mujer de 40 años que tiene cuatro hijos. En cambio, una mujer casada de 20 años con un hijo y que deseaba usar la píldora podía obtenerla en 80 por ciento de los establecimientos. Una mujer casada de 35 años con cuatro hijos podía obtenerla en aproximadamente 95 por ciento de los establecimientos.14
Otra barrera médica innecesaria para el uso de AOC es la renuencia de los proveedores a suministrar a las clientas varios ciclos de píldoras. La USAID recomienda dar hasta 13 ciclos de píldoras en la primera visita y en cada visita de seguimiento para garantizar acceso continuo y fácil durante un año.15 Sin embargo, un estudio efectuado por FHI acerca del impacto de la difusión de las directrices en Paraguay, reveló que en 36 centros de salud y cuatro hospitales de distrito las nuevas usuarias de las píldoras generalmente recibían sólo un ciclo de anticonceptivos orales después del asesoramiento. Las clientas que continuaban el uso de las píldoras rara vez recibían más de dos ciclos en una visita para obtener resuministros.16 En un estudio reciente llevado a cabo por FHI, sólo una de cinco usuarias nuevas de las píldoras atendidas en 72 clínicas de Kenia recibían tres o más ciclos de píldoras.17
Aunque no es necesario desde el punto de vista médico exigir visitas para el resuministro durante el primer año de uso de AOC, esto puede ser beneficioso por otras razones. Dentro de poco FHI analizará si exigir una visita para resuministro al cabo de un mes de uso de AOC influye en factores como la satisfacción de la clienta, la continuación del uso de las píldoras y las notificaciones de efectos colaterales en Jamaica.
DIU
En un entorno clínico, las restricciones médicas para comenzar a usar el DIU de cobre o el sistema intrauterino de levonorgestrel (SIU-LNg) incluyen sangrado vaginal inexplicado, cáncer cervicouterino o endometrial, fibromas uterinos con distorsión de la cavidad uterina, tuberculosis pélvica, enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o infección de transmisión sexual (ITS) actuales, o EPI o ITS en los últimos tres meses. El uso de un SIU-LNg también está restringido en el caso de mujeres que padecen cáncer mamario.
Es posible que las mujeres que desean usar un DIU afronten requisitos innecesarios para las visitas de seguimiento.
En entornos no clínicos, el uso del SIU-LNg también está restringido en el caso de mujeres con trombosis venosa profunda o embolia pulmonar actuales, cáncer mamario pasado, cáncer ovárico, hepatitis activa, cirrosis grave, tumores del hígado, riesgo alto de infección por el VIH u otras ITS, estado VIH positivo o SIDA. En entornos no clínicos, el inicio del uso de DIU también está restringido en el caso de mujeres con cáncer ovárico, riesgo alto de infección por el VIH, estado VIH positivo o SIDA.
Sin embargo, un estudio que realizó FHI con 30 proveedores en El Salvador, donde el uso del DIU es muy bajo, indicó que un tercio de estos proveedores restringían el uso del método si la mujer tenía antecedentes de EPI o de fibromas uterinos. Seis de los proveedores restringían innecesariamente el uso si la mujer tenía antecedentes de sangrado anormal. Además, un tercio de los proveedores restringían el uso del dispositivo si la mujer no había tenido hijos.18 En Ghana, los investigadores de FHI observaron que un tercio de 33 proveedores que notificaron que imponían restricciones de paridad para el uso del DIU dijeron que tenían miedo de que éste hiciera retrasar la fertilidad o causara infertilidad; otro tercio afirmó que el cuello uterino o el útero eran demasiado estrechos en las mujeres que no habían tenido hijos.19 Aunque el DIU no es la primera opción para las mujeres que no han tenido hijos debido a un riesgo mayor de expulsión, los criterios de la OMS establecen que los beneficios del uso del DIU por parte de dichas mujeres contrarrestan los riesgos teóricos o comprobados. Investigaciones recientes que FHI ha realizado en México han demostrado que estas mujeres no corren ningún riesgo al usar el DIU y que su fertilidad no corre peligro.20
También es posible que las mujeres que desean usar un DIU afronten requisitos innecesarios para las visitas de seguimiento. Un estudio que FHI realizó en 1994 en Jamaica observó que un cuarto de aproximadamente 182 médicos de práctica privada que insertaban DIU requerían cuatro o más visitas de seguimiento durante el primer año de uso del DIU.21 Sin embargo, la mayoría de los expertos en planificación familiar y DIU recomiendan un máximo de dos visitas en el primer año de uso.22
– Kim Best
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El uso seguro de la anticoncepción rara vez requiere exámenes médicos
En algunos entornos, los exámenes médicos pueden ser medidas de salud preventiva importantes. Pero pocos son necesarios para el uso seguro de la anticoncepción.
Por ejemplo, no se recomienda hacer pruebas de laboratorio habituales a las clientas antes de proporcionar anticonceptivos. El examen de sangre más común — el de hemoglobina — es útil sólo para proporcionar dispositivos intrauterinos (DIU), que pueden aumentar la pérdida de sangre menstrual y, por lo tanto, reducir las concentraciones de hierro en algunas mujeres.
De ser posible, se debe determinar la presión sanguínea antes de comenzar a usar métodos hormonales, incluidos los anticonceptivos orales (AO), inyectables y Norplant. Sin embargo, si la presión arterial no se puede determinar, no se debe negar el uso de estos métodos a las mujeres.
Los exámenes pélvicos son necesarios únicamente antes de insertar DIU. Ni éstos ni los frotis de Papanicolaou se necesitan habitualmente para el uso seguro de métodos hormonales. Ambos exámenes hacen que algunas mujeres sientan vergüenza y miedo, particularmente las adolescentes, pero a menudo éstos se necesitan antes de ofrecer ciertos métodos anticonceptivos a las mujeres.1
En un estudio realizado por FHI en 1996 acerca de la calidad de los servicios de planificación familiar ofrecidos por el sector público y organizaciones no gubernamentales en Jamaica se observó un anuncio en la puerta de una clínica que decía "No se ofrece planificación familiar a menos que se haga un frotis de Papanicolaou."2 Y, la barrera médica más notable observada en un estudio efectuado por FHI en Camerún con unas 600 mujeres en 10 clínicas era el requisito, notificado por usuarias potenciales de AO, que estuvieran menstruando y que se hicieran exámenes pélvicos antes de recibir las píldoras. Si una mujer está menstruando, no se necesita un examen pélvico para excluir la posibilidad de embarazo. Por consiguiente, parece que la razón del requisito del examen pélvico era confirmar que las mujeres que dijeron que estaban menstruando estuvieran diciendo la verdad. 3
– Kim Best
Referencias
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La anticoncepción debe ponerse a la disposición de las mujeres que no estén menstruando
Muchos proveedores de servicios de planificación de todo el mundo — especialmente en entornos donde no se dispone de exámenes de embarazo — despachan a las mujeres sin darles un método anticonceptivo a menos que éstas estén menstruando.1 Dicha práctica innecesaria a veces se basa en la preocupación de que el uso de anticonceptivos durante el embarazo pueda perjudicar al feto. También es posible que los proveedores teman que dar anticonceptivos o esterilizar a mujeres cuando ellos no saben que éstas ya están embarazadas podría hacer que la gente crea que los proveedores no proporcionan anticonceptivos o no realizan operaciones quirúrgicas fiables.2 En cualquier caso, despachar a las mujeres que no están menstruado sin proporcionarles un método anticonceptivo hace que éstas corran el riesgo de un embarazo no planificado y desanima a muchas de ellas a regresar para recibir dichos servicios.
Una mujer que en el estudio que FHI realizó en Jamaica en 1996 se hizo pasar por una clienta de planificación familiar informó: "Cuando le dije a ella [la proveedora] que yo no tenía el período, simplemente me dijo que volviera cuando empezara a menstruar. Ni siquiera me informó acerca de otros métodos que yo podía usar". Esta mujer notificó que sólo cuando le rogó a la proveedora que le diera un método anticonceptivo recibió algunos condones.3
Algunos proveedores son reacios a proporcionar por adelantado anticonceptivos orales (AO) a las clientas que no están menstruando para que los usen cuando empiecen a menstruar. Pero en un estudio pequeño realizado por FHI en Kenia, se proporcionó píldoras a 20 clientas que no estaban menstruando para que se las tomaran cuando comenzaran a menstruar. Estas clientas no tuvieron más probabilidades de notificar problemas causados por el uso de las píldoras que las 200 clientas que estaban menstruando y a las que se les permitió tomar la píldora inmediatamente. Dado que el suministro de AO por adelantado es la norma en la mayor parte del mundo, los investigadores de FHI recomiendan que esta práctica sencilla se mencione explícitamente en las directrices nacionales de planificación familiar y en los currículos de capacitación de Kenia y en todos los países de África al sur del Sahara.4
Los AO se pueden proporcionar fácilmente por adelantado dando a las mujeres un suministro de píldoras anticonceptivas y condones, con instrucciones para que usen los condones hasta que comiencen a menstruar. En esa fecha deben empezar el primer ciclo de píldoras.
Otra práctica común en África para descartar la posibilidad de embarazo en las mujeres que no están menstruando es el uso de dosis altas de AO para inducir sangrado menstrual. Las investigaciones recientes efectuadas por FHI en Kenia, Zambia y Ghana han revelado que esta práctica está generalizada, aunque no se recomienda cuando existen mejores formas de excluir la posibilidad de embarazo.5
Primero, los proveedores pueden hacer un examen de orina para saber si hay embarazo. Si no se dispone de dicho examen, pueden determinar si una clienta que no está menstruando está embarazada al averiguar antecedentes recientes relativos a la menstruación, actividad sexual y experiencia de embarazo de la mujer. Una lista de verificación de seis preguntas elaborada por FHI basada en directrices preparadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, puede ser útil en este proceso. Si la mujer responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas y no tiene signos ni síntomas de embarazo, el proveedor puede estar razonablemente seguro de que la clienta no está embarazada y darle un método anticonceptivo. Un ensayo realizado en Kenia para validar la eficacia con que la lista de verificación excluye la posibilidad de embarazo indicó que 99 por ciento de 1.629 mujeres clasificadas como no embarazadas según la lista de verificación en efecto no lo estaban.6 (La lista de verificación tiene instrucciones en inglés, español y francés.)
– Kim Best
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Nuevo consorcio facilita uso de 'prácticas óptimas'
Los conocimientos relativos a la manera de mejorar la salud reproductiva han aumentado rápidamente en el decenio pasado, con lo cual se han generado normas de atención reconocidas a nivel internacional y directrices, manuales de capacitación y otros instrumentos para mejorar la salud reproductiva.
No obstante, siguen existiendo barreras: las normas y directrices establecidas no llegan necesariamente a las personas que las necesitan. Así mismo, es necesario adaptar recomendaciones establecidas a nivel internacional para crear directrices nacionales que reflejen las políticas, prácticas y normas culturales locales.
A fin de responder a esos retos, un consorcio recientemente establecido integrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 10 organismos socios — incluido FHI — ha lanzado una iniciativa para facilitar la introducción y el uso de "prácticas óptimas" en programas de atención de salud reproductiva a nivel internacional, regional y nacional.
¿Cómo se determinan las prácticas óptimas? Estudios han demostrado que las prácticas óptimas son las que se han establecido basándose en investigación rigurosa y análisis sistemático. Los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para el uso de anticonceptivos, ahora en su segunda edición, son ejemplo de un documento de guía técnica que se basa en dicha investigación y dicho análisis. Tal documento se ha traducido a siete idiomas y se ha usado para elaborar y actualizar políticas, directrices y prácticas en más de 50 países. Otras prácticas pueden considerarse "prácticas óptimas" si las pruebas, en última instancia, apoyan su eficacia.
Entretanto, se han elaborado muchas estrategias innovadoras para aplicar prácticas óptimas. Pero dado que se basan en experiencia limitada y no se han sometido a prueba en muchos entornos, adoptarlas antes de evaluarse más puede acarrear riesgos o desperdicio de recursos limitados.
El consorcio apoyará su iniciativa, llamada (Implementing Best Practices [IBP]) Aplicación de Prácticas Óptimas (APO), mediante el análisis y la catalogación sistemáticos de las prácticas de salud reproductiva y diversas estrategias innovadoras para ayudar a los encargados de elaborar políticas, directores de programas y proveedores a determinar lo que da resultado, descartar lo que no da resultado y aprender de los demás.
La iniciativa se introducirá gradualmente mediante reuniones regionales de equipos de elaboradores de políticas, directores de programas y proveedores de los países. Por lo pronto, esos grupos necesitan determinar las necesidades, deficiencias y oportunidades de sus programas particulares de prestación de servicios a fin de seleccionar las prácticas más apropiadas para ellos. La iniciativa de APO también hace hincapié en la necesidad de operar cambios dentro de los sistemas establecidos, con programas que se basen en sus propias experiencias a fin de elaborar métodos para introducir prácticas óptimas y mejorar el desempeño. También se anima a las personas, las organizaciones y los organismos que trabajan con miras a lograr metas similares a establecer redes para compartir sus experiencias y evaluar la eficacia y la aplicabilidad de posibles soluciones.
