La justicia requiere la distribución justa y equitativa de los beneficios y riesgos de la participación en un estudio de investigación. El reclutamiento y la selección de los participantes deben hacerse de una manera justa y equitativa.
La justicia prohíbe la exposición de un grupo de personas a los riesgos de la investigación exclusivamente para el beneficio de otro grupo. Los representantes comunitarios tienen la responsabilidad de garantizar que la participación de la comunidad en un estudio de investigación esté justificada.
Los representantes comunitarios deben ser conscientes de la necesidad de proteger a los participantes debidamente durante la investigación. Deben prestar atención especial a los beneficios que los participantes o sus comunidades recibirán como resultado de su participación en la investigación e informar al equipo de investigación para que los incentivos ofrecidos por la investigación no influyan en la decisión de participar.
El principio de la justicia establece protección especial para las personas vulnerables. La justicia no permite usar grupos vulnerables, tales como las personas de bajos recursos, como participantes en una investigación para el beneficio exclusivo de grupos más privilegiados.
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