FHI - Los servicios de salud y la ética

Los proveedores de servicios de salud reproductiva luchan diariamente al tomar decisiones éticas que pueden tener consecuencias importantes para el bienestar de sus clientes.

La prestación de servicios a los adolescentes, los clientes que son VIH positivos y las mujeres que tienen compañeros violentos o que se oponen a la anticoncepción son algunas de las muchas situaciones que plantean cuestiones éticas que afrontan habitualmente los proveedores de servicios de salud reproductiva. También es una cuestión de ética mantener el equilibrio entre las presiones para ayudar a reducir el crecimiento demográfico y los derechos de los clientes a tomar decisiones anticonceptivas libremente.

No hay ningún planteamiento correcto aplicable a todos los casos. Como mínimo, la prestación ética de servicios de salud reproductiva debe comenzar con los proveedores, quienes deben considerar cuidadosamente las posibles consecuencias de sus acciones, partiendo de tres piedras angulares de la ética médica que están bien establecidas: respeto, beneficencia y justicia (véase el artículo Investigaciones: Se debe proteger a participantes). Asimismo, los proveedores deben recordar que los clientes toman las decisiones finales acerca de los servicios que reciben.

Sin embargo, con cierta frecuencia, los proveedores afrontan situaciones en las que esos principios éticos entran en conflicto. Por ejemplo, se considera que respetar la confidencialidad y, por lo tanto, la privacidad de los clientes es el deber ético de todos los profesionales de la salud. No obstante, los proveedores pueden considerar que, desde el punto de vista ético, es aceptable divulgar información confidencial para mantener las normas sociales o proteger la salud del público en general.

Adolescentes

Así como se hace con todos los clientes, las circunstancias particulares de los clientes adolescentes se deben considerar cuidadosamente al prestar servicios de salud reproductiva. Por ejemplo, hay que prestar atención especial en el caso de una persona adulta joven que desea ser esterilizada, porque el procedimiento es permanente. La esterilización es inapropiada para los adolescentes jóvenes y se necesita un buen asesoramiento para los adolescentes un poco mayores que ya han cumplido 20 años. Según algunos estudios, 20 por ciento de las mujeres que han sido esterilizadas a una edad temprana (menos de 25 años, en un estudio) se arrepienten después de esa decisión.¹

Los proveedores deben responder cortésmente a los pedidos de los adolescentes de servicios de anticoncepción reversible, al tiempo que mantienen la confidencialidad. Las investigaciones han demostrado que hay más probabilidades de que los adolescentes soliciten esos servicios de los proveedores en quienes pueden confiar y que respetan su derecho a la privacidad.² La doctora Cindy Waszak, científica principal de FHI con experiencia en salud reproductiva de los adolescentes, opina: «A los jóvenes les inquieta la idea de que la información que proporcionen acerca de su comportamiento sexual no sea guardada confidencialmente y que se dé a conocer a sus padres o a otros adultos. Consideran que no tienen control y que su comportamiento en particular será sometido a escrutinio y juzgado por los adultos, y se dan cuenta de que puede haber graves consecuencias si se divulga esa información».

Y agrega: «Tienen una buena razón para inquietarse. Muchos proveedores no consideran que los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos, y muchos de ellos pueden mostrarse reacios a atenderlos sin el consentimiento de los padres, incluso cuando las políticas estipulan el derecho de los adolescentes a recibir servicios de anticoncepción no permanente o tratamiento por infecciones de transmisión sexual (ITS) sin dicho consentimiento. Muchos proveedores niegan los servicios a los adolescentes o no guardan la confidencialidad porque sinceramente se preocupan de que si ponen libremente los métodos anticonceptivos a disposición de los adolescentes, esto los animará a tener relaciones sexuales, aunque las investigaciones indican que esto no es cierto.³ Por último, muchos proveedores deciden negar el hecho de que los adolescentes están sexualmente activos».

Sin embargo, la decisión de no proporcionar servicios de salud reproductiva a los adolescentes en un entorno confidencial puede hacer mucho más daño que bien. La doctora Waszak dice: «Los proveedores deben preguntarse si están proporcionando la mejor atención posible a sus clientes, sin importar la edad. La adolescente que no es atendida o cuya información de salud reproductiva no se guarda confidencialmente puede terminar con un embarazo no planificado, con una ITS o puede ser condenada al ostracismo por sus padres u otras personas en la comunidad. Cualquiera de estas posibilidades puede tener consecuencias adversas en una adolescente durante toda su vida».

En los casos en que las políticas administrativas o las normas requieren el consentimiento de los padres para ciertos servicios de salud reproductiva, el proveedor debe obedecer la ley. Sin embargo, el proveedor puede recomendar opciones que no requieren divulgación, por ejemplo comprar condones en una farmacia en vez de obtener las píldoras en un consultorio. Asimismo, el proveedor puede alentar al cliente o la clienta a que hable con sus padres u ofrecerse para hablar con los padres en presencia del adolescente.

La doctora Waszak afirma: «Los proveedores también deben tener presente que algunas jovencitas están en situaciones en las que les es difícil, y a veces imposible, rechazar las relaciones sexuales. En esos casos, es importante que los proveedores respeten la valentía y la determinación de la adolescente incluso para solicitar servicios de salud reproductiva».

Clientes VIH positivos

Muchos clientes que son VIH positivos o tienen otra ITS no saben que están infectados. En muchos lugares, no se pueden hacer pruebas. En otros, los clientes que sospechan una posible infección tal vez se muestren renuentes a ser examinados. Posiblemente les causa temor recibir resultados positivos de una prueba, especialmente si no hay tratamiento disponible. Asimismo, les puede preocupar que los resultados positivos de una prueba no se mantengan confidenciales, lo cual da lugar a graves consecuencias sociales.

Los servicios de pruebas del VIH confidenciales y anónimas han comenzado a ofrecerse poco a poco, y la mayoría de los expertos están de acuerdo en que los proveedores deben promover el uso de esos servicios. (Cuando se hace una prueba confidencial, se sabe la identidad de la persona, pero los resultados se mantienen confidenciales. Cuando la prueba es anónima, la identidad de la persona no se registra o no es necesaria.)

El doctor Eric van Praag, experto de FHI en servicios de apoyo y atención relativos al VIH/SIDA, dice: «Las personas que se enteran de que no están infectadas se verán animadas a mantener su estado de VIH negativo. Mientras que las que se enteran que están infectadas se darán cuenta de la urgente necesidad de adoptar comportamientos sexuales sin riesgo para no infectar a los demás, recibir asesoramiento en materia de anticonceptivos que tome en cuenta su estado respecto al VIH y de ser remitidas activamente para que reciban atención médica y apoyo social si es necesario. Las embarazadas pueden recibir tratamiento para reducir los riesgos de transmisión del VIH a sus futuros hijos. Asimismo, un diagnóstico permite que las personas infectadas obtengan el asesoramiento apropiado y hagan planes futuros, previendo la forma en que serán cuidados sus hijos supervivientes y la redacción de un testamento».

En Kenia, Tanzanía y Trinidad, un estudio realizado por un grupo que incluía a FHI, y en el que participaron unas 4.200 personas entre 1995 y 1998, reveló que las pruebas y el asesoramiento respecto al VIH contribuían a comportamientos de menos riesgo respecto a la transmisión sexual del VIH. A lo largo de un período de seis meses, las personas que recibieron asesoramiento y pruebas relativas al VIH tenían más del doble de probabilidades de notificar la disminución de relaciones sexuales sin protección con los compañeros no principales que las personas que habían recibido sólo información básica acerca de la transmisión del VIH y el uso adecuado del condón. Los cambios de comportamiento notificados por las personas mismas fueron confirmados por las tasas de incidencia de ITS. No obstante, el estudio indicó que los clientes se mostraban renuentes a divulgar los resultados de las pruebas por miedo a ser objeto de estigma y discriminación.⁴

Sus temores están bien fundados en la mayoría de los casos. En los países en desarrollo, la gente suele depender de sus familias y comunidades cuando se trata de apoyo y atención. Pero, cuando el estigma se relaciona con el VIH/SIDA, la divulgación puede producir no sólo el rechazo por parte de los familiares, sino también la pérdida del trabajo y los amigos, las agresiones físicas y sexuales por parte de los compañeros e incluso ataques mortales.⁵

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ofrecen vigilancia de la epidemia mundial del VIH/SIDA, han declarado que todos esos programas de vigilancia «deben tener políticas que protejan la privacidad de los pacientes y la confidencialidad de los datos de control de enfermedades».⁶Además, los proveedores de atención de salud están obligados por su profesión a mantener la confidencialidad de la información relativa a sus clientes. Y muchos de ellos lo hacen.

No obstante, los resultados positivos de las pruebas suelen divulgarse, ya sea por descuido o a propósito. Los informes relativos a esas infracciones han llegado de muchos países. Por ejemplo, se supone que la notificación de VIH/SIDA sea confidencial en Sri Lanka, pero algunas personas informaron que habían sido objeto de estigma después de que su estado relativo al VIH se había divulgado por descuido y se había dado a conocer públicamente en contra de sus deseos. En Sri Lanka, algunos empleados de salud han sido acusados de haber exigido dinero, a las personas cuyas pruebas habían resultado positivas, a cambio de no divulgar a la comunidad su estado relativo al VIH.⁷

Incluso proveedores bien intencionados a veces revelan información confidencial acerca del estado relativo al VIH. Alegan que la confidencialidad que se da a las personas infectadas puede poner en peligro el bienestar de compañeros saludables que no saben que se han expuesto a la infección. Al guardar secretos tan peligrosos, algunos proveedores temen perder la confianza de la comunidad.

Estas inquietudes son tan graves que la notificación de compañeros contra los deseos del cliente – aunque generalmente restringida por una larga lista de condiciones – se ha aceptado en varios países.

«Sin embargo, en general, si un cliente no está preparado para revelar su estado relativo al VIH a nadie, no es mucho lo que un proveedor puede hacer, salvo decir repetidamente al cliente dónde y cómo revelar su estado», dice el doctor van Praag, de FHI. En particular, se han establecido servicios de pruebas y asesoramiento relativos al VIH en Uganda, Ruanda y otros países africanos para facilitar la comunicación del estado relativo al VIH al compañero o la compañera. Investigadores de FHI en Kenia, Tanzanía y Trinidad observaron que el asesoramiento dado a parejas relativo al VIH era más difícil que el asesoramiento individual, pero tenía más probabilidades de reducir los comportamientos sexuales de alto riesgo.⁸

A pesar del deber ético que tienen los profesionales de salud y los proveedores de servicios de salud reproductiva de atender a los pacientes o clientes infectados por el VIH, algunos no cumplen con esta obligación. En India, por ejemplo, 22 de unos 100 médicos entrevistados dijeron que no trataban a pacientes con ITS. «Es sumamente lamentable que los profesionales médicos, que deberían ser los primeros en ofrecer atención y apoyo a las personas infectadas por el VIH, en realidad discriminen y rechacen a los pacientes con VIH/SIDA en India», concluyeron los investigadores.⁹

La discriminación contra los pacientes VIH positivos no sólo pone en peligro su bienestar, sino también la seguridad de otros profesionales de salud. La doctora María Eugenia González, obstetra y ginecóloga del Hospital General de México en la Ciudad de México, recuerda cómo el personal de dicho hospital puede haber corrido peligro porque una mujer en parto mintió acerca de su estado relativo al VIH para que la internaran en el Hospital General, después de que no la aceptaron en otros hospitales porque era VIH positiva. La doctora González, becaria de Investigación de Tecnología Anticonceptiva en FHI, opina: «Cuando llegó a nuestro hospital estaba desesperada por recibir asistencia médica. Tan pronto como se hospitalizó, dio a luz». Aunque el Hospital General toma precauciones habitualmente, es posible que el personal de algunos hospitales no sea tan cuidadoso si no sabe que un paciente es VIH positivo.

Daño causado por los compañeros

Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir traumatismos, ser víctimas de violación o ser asesinadas por un compañero actual o pasado que por cualquier otra persona. En estudios fiables y a gran escala los resultados indican que entre 16 y 52 por ciento de las mujeres han sido víctimas de abuso físico por parte de un compañero. Encuestas realizadas en varios países indican que entre 10 y 15 por ciento de las mujeres han sido obligadas a tener relaciones sexuales por su compañero íntimo.¹⁰

A pesar de ser tan común, la violencia doméstica suele permanecer oculta. El esposo fue el agresor en tres de cada cuatro casos notificados de abuso de 179 mujeres que utilizaban los servicios de salud en Santo Domingo, República Dominicana. Sin embargo, la mitad de las mujeres entrevistadas que habían sido objeto de abuso físico o emocional – de las cuales más de las tres cuartas partes habían sido víctimas de abuso sexual – dijeron que no habían dicho nada a nadie acerca de la violencia antes de participar en la entrevista para el estudio relativo a la violencia.¹¹

¿Por qué deben los proveedores de servicios de salud reproductiva considerar que es su obligación ética ayudar a los clientes que han sido víctimas de violencia doméstica?

Donna McCarraher, investigadora asociada de FHI que ha estudiado la violencia por parte del compañero íntimo en Bolivia, opina: «La violencia es una cuestión de salud reproductiva. Puede poner en riesgo a las mujeres embarazadas; poner en peligro directamente el uso de la planificación familiar y la prevención y el tratamiento de las ITS. Del mismo modo, para muchas mujeres que son víctimas de abuso, los trabajadores de salud son el principal y a menudo el único contacto para obtener apoyo e información». (Véase el artículo La respuesta a las víctimas de violencia doméstica incluye la disipación de mitos populares, donde se aborda la forma en que los proveedores pueden ayudar.)

Entretanto, la vida y la salud de una mujer casada también puede correr grave peligro si su esposo le prohibe que use servicios de planificación familiar. En muchos países, los proveedores deben obedecer los requisitos de autorización del cónyuge estipulados en leyes, reglamentos, normas clínicas y el ministerio nacional de reglamentos de salud. Sin embargo, algunos proveedores exigen el consentimiento del cónyuge porque temen que al no obtener dicha autorización se desafían los valores culturales y esto hará que se tomen represalias contra ellos.

Estudios que el Population Council realizó en Kenia, Botswana, Burkina Faso, Senegal y Tanzanía revelaron que algunos proveedores notificaban que habían impuesto más restricciones en el uso de anticonceptivos que lo previsto en las políticas o los protocolos de servicios. El consentimiento del cónyuge no se requiere para el suministro de anticonceptivos orales combinados, condones, dispositivos intrauterinos (DIU), inyectables o Norplant en estos países. Pero, según el método y el país, entre 6 y 57 por ciento de unos 2.000 proveedores que participaron en los estudios seguían exigiéndolo en 1998. «Respecto a todos los países, el nivel de requisitos de consentimiento del cónyuge para el condón es desalentador, especialmente porque muchas de esas regiones tienen una prevalencia elevada de infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual», señalaron los investigadores del estudio. Por ejemplo, en Kenia, 41 por ciento de unos 444 proveedores notificaron que limitaban el suministro de condones cuando no tenían el consentimiento del cónyuge, lo cual, «indica renuencia a reconocer la frecuencia de transmisión del VIH en las parejas casadas o miedo de que las mujeres usen los condones en relaciones extramaritales».¹²

Cuando no hay requisitos legales de consentimiento del cónyuge, los proveedores tienen una obligación ética de permitir a las mujeres tomar decisiones independientes acerca de la anticoncepción. El derecho que tienen las parejas y las personas a decidir libremente cuántos hijos van a tener y cuánto tiempo van a espaciar los nacimientos se ha reconocido repetidamente en todo el mundo como una cuestión de principio: en 1974, en la Conferencia Mundial de Población celebrada en Bucarest; en 1984, en la Conferencia Mundial de Población celebrada en la Ciudad de México; y, en 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo. Además, tribunales de varios países han establecido que las prácticas de prohibición por parte del cónyuge violan principios de autonomía y privacidad personal, y el derecho a la atención de salud. En general, los tribunales están de acuerdo en que un integrante de la pareja no puede obligar al otro a reproducirse.¹³

Presión

FHI y muchas otras organizaciones internacionales de salud consideran que presionar a los clientes a que usen la anticoncepción es incorrecto desde el punto de vista ético. Muchos países respaldan esa postura.

No obstante, en algunos países se ha tratado de reducir el rápido crecimiento demográfico, que puede rebasar la capacidad de los recursos y reducir la calidad de vida de todos. Por ejemplo, es posible que se ofrezca incentivos a los médicos para que satisfagan cuotas de inserciones de DIU y que, por consiguiente, éstos presionen a las mujeres para que acepten dicho método. Las mujeres de regiones indígenas, donde existen barreras lingüísticas y culturales entre los proveedores de servicios de salud y los pacientes, pueden ser particularmente vulnerables a la presión para que usen la anticoncepción.¹⁴

También se puede hacer caso omiso de las preferencias de anticoncepción de los clientes cuando los proveedores – creyendo que saben lo que es más conveniente – toman decisiones en nombre de los clientes. La doctora Irina Yacobson, directora médica adjunta de FHI que dirige capacitación en tecnología anticonceptiva para proveedores de países en desarrollo, declara: «Hay que recordar que, en algunos entornos, las mujeres mismas posiblemente prefieran que los proveedores tomen decisiones de reproducción en su lugar. En efecto, tal vez crean que el proveedor, que se supone que sepa lo que más les conviene a ellas pero que no toma decisiones en su lugar, es simplemente indiferente. Ahora bien, lo ideal es que el proveedor explique a la clienta que, a pesar de que él sabe cuáles métodos puede usar la mujer, sólo ella puede saber, basándose en sus circunstancias personales, cuál método le conviene más».

Sin embargo, en general, los proveedores de anticoncepción – en particular de métodos de acción prolongada – deben ofrecer métodos sin ejercer presión, como parte de una variedad más amplia de opciones, y hacer saber a la clienta que se le pueden extraer el DIU y el implante Norplant cuando ella lo desee.

– Kim Best

Referencias

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La respuesta a las víctimas de violencia doméstica incluye
la disipación de mitos populares

Muchos trabajadores de salud no tienen el tiempo, la capacitación, los recursos ni el apoyo para ayudar a las víctimas de violencia doméstica.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud declara que, como mínimo, los trabajadores de salud pueden hacer lo siguiente:

Estar atentos a posibles síntomas y signos de abuso –como infecciones pélvicas, infecciones de transmisión sexual (ITS) recurrentes, traumatismos físicos y depresión– y hacer un seguimiento.
Cuando sea factible, como parte del interrogatorio clínico, preguntar habitualmente a las clientas acerca de sus experiencias relativas al abuso.
Si se sospecha que ha habido abuso o si éste es evidente, mostrarse comprensivo y no culpar a la víctima pues ello puede reforzar el aislamiento y hacer que ésta se culpe a sí misma de lo ocurrido.
Proporcionar atención médica adecuada y documentar en los registros médicos de la clienta los casos de abuso.
Buscar recursos comunitarios disponibles y remitir a las clientas al lugar adecuado.
Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información y los registros de la clienta.¹

Alessandra Guedes, funcionaria de un programa relativo a violencia basada enel género de la Federación Internacional de Planificación de la Familia/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/WHR) en Nueva York, opina: «Cuando se trabaja con una víctima de violencia doméstica, la prioridad más importante del proveedor debe ser evaluar la seguridad de la mujer respecto al riesgo de recurrencia de la violencia, resultados adversos para la salud reproductiva o la muerte por homicidio o suicidio. Obviamente, es esencial que los proveedores adopten medidas inmediatas si la mujer corre grave peligro». Esto puede implicar ayudar a las víctimas de violencia doméstica a preparar un plan de escape; es decir, saber adónde ir y qué llevarse si el peligro se agrava demasiado.

El proveedor también debe tener en cuenta el lema de «no hacer daño». Esto incluye no culpar a la mujer por la violencia doméstica de la que ha sido víctima. Donna McCarraher, colaboradora de investigación de FHI que ha estudiado la violencia de compañeros íntimos, opina: «Los trabajadores de salud, por ejemplo, posiblemente culpen a la mujer por seguir viviendo en una situación de abuso porque no comprenden las limitaciones económicas y sociales que ella afronta ni el hecho de que un gran número de mujeres que son víctimas de abuso aman a su compañero y no quieren dejarlo … lo único que quieren es que él no les pegue más. También es posible que los proveedores culpen a una mujer que no sigue su consejo de usar condones. Pero si la mujer sabe que si trata de negociar el uso del condón hará que el compañero le dé una paliza, lo único que se logrará con darle otra charla acerca del condón es avergonzarla más».

En muchos entornos, las mujeres y los hombres aceptan la violencia doméstica y ésta sólo podrá disminuir a medida que se reconocen los derechos humanos básicos. Hasta ese momento, los proveedores estarán limitados respecto a lo que hacen por el apoyo institucional que reciben. Donna McCarraher advierte: «En general, un proveedor que desee dar el primer paso para tratar de detectar a las víctimas de violencia doméstica debe tener una meta concreta. ¿Es permitir al proveedor dar mejor atención de salud? ¿Es ofrecer a las mujeres una oportunidad para que hablen de su situación y reforzar el hecho de que no son culpables del abuso del que son o han sido víctimas? ¿O es remitir a un cónyuge que ha sido víctima de abuso a los servicios apropiados? Si la meta es la remisión, los proveedores deben estar al tanto de los recursos que existen para las víctimas de violencia. El asunto es que, si se le pregunta a una víctima si ha sido objeto de abuso, hay que estar preparado. De lo contrario, es posible que se haga más daño que bien».

A fin de estar preparados para actuar, los proveedores necesitan guía y capacitación substanciales, junto con apoyo institucional. Una fuente que sirve de guía es un boletín informativo de la IPPF/WRH acerca de cómo integrar la violencia basada en el género en el tema de la salud sexual y reproductiva, que puede encontrarse en http://www.ippfwhr.org/whatwedo/bastaespanol.html.

El boletín del invierno de 2001 describe la forma de elaborar un protocolo para poner en práctica la detección y servicios para víctimas de la violencia basada en el género. El del verano de 2000 indica cómo establecer una red de remisión y empezar a poner en práctica la detección de clientes y la capacitación del personal. También puede obtenerse una guía acerca de las formas de acabar con la violencia contra la mujer, del Programa de Información de Población de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, en http://www.infoforhealth.org/pr/prs/sl11edsum.shtml.

– Kim Best

Referencia

WHO Violence against Women Information Pack. Violence and Injury Prevention. What Health Workers Can Do. Geneva: World Health Organization, 1997. Disponible: http://www.who.int/gender/violence/vawpriority/en/, October 18, 2001.

¿Se justifica la escisión genital femenina?

El simple hecho de que ciertas prácticas hayan existido durante siglos, se hayan generalizado y hayan sido ampliamente aceptadas en algunas culturas no hace que sean aceptables desde el punto de vista de la ética.

Se trata de la práctica de la escisión genital femenina (EGF) o circuncisión femenina, que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos u otro traumatismo de los órganos genitales femeninos. Se calcula que la prevalencia de la EGF es de por lo menos 90 por ciento en algunos países africanos y del Oriente Medio. En tales culturas, a menudo los hombres y las mujeres aceptan esta práctica. Muchas mujeres creen que la EGF garantiza que van a ser aceptadas por su comunidad. No saben que esto no se realiza en la mayor parte del mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han declarado conjuntamente que la EGF causa un daño inaceptable y han hecho un llamamiento para su erradicación completa.¹ Entre las complicaciones inmediatas de la EGF figuran hemorragia, shock, infecciones, retención de la orina (que suele causar infecciones de las vías urinarias) y traumatismo del tejido adyacente (que a menudo causa incontinencia urinaria). Entre las complicaciones a largo plazo figuran sangrado, anemia, dificultad para orinar, infecciones recurrente de las vías urinarias, incontinencia, infecciones pélvicas crónicas, infertilidad, abscesos vulvares, cicatrices, menstruación difícil o dismenorrea, disfunción sexual y problemas en el embarazo y el parto.

Se ha señalado que estos perjuicios para la salud podrían reducirse al tiempo que se mantiene la inveterada tradición de la EGF si el procedimiento lo realizan profesionales médicos capacitados, en entornos higiénicos. Esta tendencia de «medicalización» del procedimiento está surgiendo en varios lugares, incluidos Egipto y Kenia.

Sin embargo, la OMS ha recomendado sistemática y claramente que la EGF, en cualquiera de sus formas, no debe practicarla ningún profesional en ningún lugar (incluidos hospitales y otros establecimientos de salud).² El doctor Ian Askew, asociado principal de programas del Population Council, que trata de erradicar la práctica, opina: «Si una persona llega a la edad en que puede dar su consentimiento y desea someterse al procedimiento en un país donde éste sea legal, entonces es su decisión y su derecho. Pero la EGF generalmente se realiza en niñas o en mujeres demasiado jóvenes para dar su consentimiento, y realizar la EGF sin consentimiento es claramente una violación de sus derechos humanos básicos».

El doctor Askew agrega: «En Kenia y Malí, los ministerios de salud han prohibido la práctica explícitamente a su personal y en sus establecimientos, pero el efecto de estas políticas no está claro. No se sabe si las directivas que prohíben la EGF conducirán a las escisión clandestina realizada por los profesionales de la salud, al resurgimiento de practicantes tradicionales de la EGF o a la eliminación de la práctica».

Las instituciones que trabajan para eliminar la EGF generalmente creen que cambiar las creencias que perpetúan esta práctica debe ser el centro de las intervenciones que procuran erradicarla, opina la doctora Laila Nawar, asesora regional del Population Council en El Cairo, Egipto. En Malí, el Population Council ha animado a los profesionales de salud a que dejen de realizar EGF y los ha instado a que persuadan a sus clientes para que eliminen la práctica.

– Kim Best

Referencias

World Health Organization, UNICEF, United Nations Population Fund. Female Genital Mutilation: A Joint WHO/UNICEF/UNFPA Statement. (Geneva: World Health Organization, 1997)1-20.
World Health Organization, UNICEF, United Nations Population Fund.

Los servicios de salud y la ética

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